El derecho a la confrontación en relación con la figura del imputado arrepentido
Cómo impugnar la prueba del imputado arrepentido: derecho a la confrontación y límites constitucionales.
La figura del imputado arrepentido introduce tensiones profundas en el proceso penal: ¿hasta dónde es válida su declaración?, ¿cómo se controla su credibilidad?, ¿qué límites impone el derecho a la confrontación? Este libro analiza, de forma directa y aplicada, la regulación vigente, su constitucionalidad y los riesgos asociados al uso de este mecanismo.
A partir del estudio de principios como culpabilidad, igualdad, voluntariedad del acuerdo y uso de la prisión preventiva, la obra desarrolla herramientas concretas para cuestionar la validez de las declaraciones del arrepentido y su incorporación como prueba en juicio.
👉 No es un análisis teórico: es una guía para litigar, objetar y controlar la prueba en casos complejos.
SANTIAGO MARTÍN IGLESIAS
EL DERECHO A LA CONFRONTACIÓN EN RELACIÓN CON LA FIGURA DEL IMPUTADO ARREPENTIDO. Págs 102-2023
Prólogo de Pablo Ordóñez
Prólogo, por Pablo Ordóñez. Introducción. La figura del imputado arrepentido. Antecedentes normativos. La legislación actual. La discusión acerca de su constitucionalidad: un presupuesto necesario. Críticas vinculadas con los principios de culpabilidad e igualdad. Críticas vinculadas con la voluntariedad del acuerdo y con la posibilidad de que se haga un uso arbitrario de la prisión preventiva. Las manifestaciones del imputado arrepentido como prueba en juicio. El derecho a la confrontación. Las manifestaciones del imputado arrepentido a la luz del derecho a la confrontación. Conclusiones. Bibliografía.
El trabajo ofrece criterios claros para evaluar la eficacia probatoria del imputado arrepentido a la luz del derecho a la confrontación, permitiendo identificar posibles nulidades, vulneraciones de garantías y estrategias de defensa. Integra análisis normativo, doctrinario y práctico para intervenir con solidez en el proceso penal.
👉 Ideal para abogados penalistas, defensores, fiscales, jueces y operadores judiciales que necesitan herramientas precisas para el tratamiento de la prueba en el proceso penal.
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