El domicilio es el último refugio de la libertad, y su vulneración ilegal es la fisura por donde se desmorona el Estado de Derecho.

La frontera entre un procedimiento legítimo y un abuso de autoridad se traza en los detalles más estrictos de la norma penal. Paola Catino disecciona la figura del allanamiento ilegal, explorando la genealogía del domicilio como bien jurídico y las paradojas que surgen cuando el consentimiento se vuelve el eje de la controversia. Esta obra no se limita a la descripción técnica; indaga en la doctrina de la Corte Suprema y en la legítima defensa privilegiada, revelando los mecanismos de protección que impiden que la fuerza estatal se convierta en una intrusión arbitraria. Un texto imprescindible para discernir cuándo el ingreso a la morada ajena deja de ser un acto de justicia para transformarse en un delito de poder.

987-9382-74-5 - CATINO, PAOLA

El allanamiento. Págs. 80.

Prólogo de MARÍA VALERIA VOLPONI.

Colección Orden Jurídico-Penal Nº 19 — 2007.

Prólogo. Introducción al estudio del tipo penal “allanamiento ilegal’ en el derecho penal argentino. El allanamiento a lo largo de la historia. El tema en otros ordenamientos jurídicos. Protección del domicilio en el ordenamiento jurídico argentino. Concepto legal de domicilio. Violación de domicilio —art. 150 del Código Penal Argentino—. Legítima defensa privilegiada: su aplicación al tipo en estudio. Allanamiento ilegal —art. 151 del Código Penal argentino—. Los elementos del tipo penal objetivo. Respecto al consentimiento en el derecho penal. Bien jurídico lesionado, validez del consentimiento y su relevancia en el tipo penal particular. Los elementos del tipo subjetivo. Artículo 152 del Código Penal argentino. Doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de allanamiento ilegal. Observaciones finales. Bibliografía.

Perfil del Lector 

Esta entrega de la colección Orden Jurídico-Penal constituye una herramienta de consulta obligatoria para abogados litigantes, funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad que deben garantizar la validez de los procedimientos de registro. Resulta indispensable para magistrados y especialistas en derecho constitucional interesados en los límites de la injerencia estatal y en la construcción de argumentos sólidos frente a la nulidad de pruebas obtenidas mediante ingresos domiciliarios irregulares.