978-987-1769-21-6 - GÓMEZ URSO, JUAN FACUNDO

Manual de actuación para la policía judicial, de investigaciones, de seguridad, fuerzas municipales e instructores judiciales. Estudio basado en los códigos procesales y en las leyes orgánicas policiales de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Referencia a la legislación policial vigente en la totalidad de las provincias argentinas. Tomo I -2013. Págs. 384.

Capítulo 1. Garantías constitucionales y principios procesales vinculados a la tarea de instrucción policial y judicial. Marco constitucional de la actuación policial. Forma republicana de gobierno. Defensa en juicio. Presunción jurídica de inocencia. Juicio previo y sentencia condenatoria firme. Prohibiciones probatorias y prueba ilícita. Principio de duda a favor del imputado (in dubio pro reo o beneficio de la duda) y carga de la acusación. Imputación o intimación necesaria. El objeto procesal. El derecho a ser oído como un acto de defensa material. Prohibición de múltiple persecución (ne bis in idem). Congruencia. “Iura novit curia” (el tribunal conoce el derecho). Igualdad de posiciones y posibilidad de contradecir la prueba de cargo. Inadmisibilidad del juicio contra ausentes. Incoercibilidad del imputado. Imparcialidad del tribunal. Plazo razonable. Inviolabilidad del domicilio. Doble instancia (derecho al recurso). Juez natural. Prohibición de autoincriminación. Fin resocializador de las penas. Publicidad y oralidad del juicio. Capítulo 2. Estado de sospecha y fundamentos razonables para proceder de oficio. ¿Qué significa “estado de sospecha”? La necesidad de fundamentos objetivos razonables para actuar sin orden judicial. Fundamento. Objetivo. Razonable. El policía como “juez” al momento de proceder de oficio. Diferencia entre valoración y validez de la prueba. ¿Qué significa actuar basado en elementos subjetivos? La sospecha debe ser previa o concomitante a la decisión policial. Estados intelectuales frente a la prueba: duda, probabilidad y certeza. ¿Cómo incide la “experiencia policial” al realizar un procedimiento? ¿Qué queda del llamado “olfato policial”? Regulaciones legales cerradas y abiertas. Regulaciones legales cerradas. Regulaciones legales abiertas. ¿Qué significa “en caso de urgencia” o “peligro en la demora”? Peligro en la demora. Necesidad. Urgencia. Criterios de la Corte Suprema de los EEUU. Sospecha razonable. USSC, “Florida v. J. L.”, sentencia del 28/3/2000, U.S. 529:266, 2000. Sospecha razonable. USSC, “Illinois v. Wardlow”, sentencia del 12/1/2000, U.S. 528:119, 2000. Capítulo 3. Estructura, redacción, contenido y protocolo para la confección de actas de procedimiento. Las actas de procedimiento no son instrumentos públicos. Naturaleza del acta de procedimiento. Narración, explicación y descripción. Contenido: fecha, hora y lugar. Fecha y hora. Lugar. Inspección ocular. Fotografías y filmaciones. Requerimiento de filmaciones públicas o privadas. Motivo del procedimiento. Las desgrabaciones y los reportes de las comunicaciones telefónicas. Cronología. Funcionarios actuantes, testigos e imputados. Juramento. ¿Qué significa la expresión “generales de la ley”? Testigos de procedimiento. Concepto. ¿Qué implica ser “testigo de procedimiento”? ¿Es una carga pública? ¿Puede realizarse un procedimiento sin testigos? ¿Puede ser testigo de procedimiento el/la cónyuge o un familiar con prohibición de declarar en contra del imputado? ¿Quiénes no pueden ser testigos de procedimiento? ¿Puede ser testigo de procedimiento una persona que no sabe leer y escribir? Recomendación: evitar testigos incompetentes. Cuando dejar constancia de la presencia del testigo de procedimiento. Inicio del procedimiento por una víctima o testigo del hecho que luego no es habido. Testigo de procedimiento que luego no es habido. Firmas. Testigos o imputados que no pudieron firmar el acta. Testigos o imputados que no firmaron el acta porque no sabían o no podían leer. Testigo a ruego. Testigos o imputados que no quisieron firmar. Firma “previa lectura y ratificación”. Firma del acta y aclaración. ¿Quiénes son las “personas obligadas a asistir”? Descripción de los aprehendidos. Recomendaciones en cuanto a las descripciones. Fotografías de los aprehendidos. ¿Qué sucede si algún testigo observa al detenido en el lugar de aprehensión o en la dependencia policial y lo reconoce como el autor del hecho? ¿Cómo ejecutar y asentar un secuestro? Secuestro de telefonía celular. ¿Qué hacer? Imputado. Notificación de los derechos que le asisten. La inconveniencia de labrar actas de secuestro por separado. El valor probatorio del acta de procedimiento. Prueba documental. Las evidencias recogidas durante la investigación no constituyen prueba. Actos irreproducibles y anticipos extraordinarios de prueba. Las incorporaciones por lectura. El juicio abreviado. Capítulo 4. ¿En qué casos y bajo qué circunstancias una persona se encuentra “detenida”? Concepto y alcance del derecho a la libertad ambulatoria. Las detenciones policiales como coacción administrativa directa. Clases de privación legítima de la libertad ambulatoria. ¿Cuándo una persona se encuentra “detenida”? Conclusión. Capítulo 5. La detención por averiguación de identidad o de antecedentes. Estudio de la totalidad de la legislación policial vigente en la República Argentina. Inconstitucionalidad de la detención por averiguación de antecedentes. Supuestos posibles de detención por averiguación de identidad. Naturaleza de la detención por averiguación de identidad. Estándar probatorio y supuestos legales de detención por averiguación de identidad. Disposiciones cerradas y abiertas. Un defecto neurálgico de la detención por averiguación de identidad: la inexistencia de normativa que obligue a portar documentos. Objetivos de la detención por averiguación de identidad. Sospecha inicial descartada. Sospecha inicial confirmada. Sospecha inicial latente. Técnicas de disuasión. Imposibilidad de identificación. Posible traslado. Oposición y negativa del requerido. Posible desobediencia. Los fundamentos que justifican una detención por averiguación de identidad. Componente positivo. Justificación de la necesidad de identificar. Sospecha objetiva razonable. La falta de documentación. Componente negativo. El procedimiento por averiguación de identidad. Motivos objetivos previos. Privación legítima de la libertad. Cacheo. Requerimiento de documentación o acreditación de la identidad por otros medios. El interrogatorio de identificación. Prohibición de autoincriminación (art. 18 CN). ¿La persona puede “guardar silencio” ante el requerimiento de identificación? Interrogatorio situacional respecto de personas no detenidas. Importancia de las detenciones por averiguación de identidad. La certificación de “pedidos de captura”. Excepción al comportamiento pre-delictivo. La identificación y la detención de menores por contravenciones. Legislaciones policiales que autorizan la detención sin orden judicial para identificar o para averiguar antecedentes. Policía Federal Argentina (Decreto-Ley 333/58, modificado por ley 23.950). Provincia de Buenos Aires (Ley 13.482). Provincia de Catamarca (Ley 4.663). Provincia de Chaco (Ley 4.987). Provincia de Chubut (Ley 815). Provincia de Corrientes (Decreto-Ley 33/2000). Provincia de Formosa (Ley 428). Provincia de Jujuy (Ley 3.757). Provincia de La Pampa (Ley 1.064). Provincia de Mendoza (Ley 6.722). Provincia de Misiones (Ley 3.389). Provincia de Neuquén (Ley 2.081). Provincia de Río Negro (Ley 1.965). Provincia de Salta (Ley 6.192). Provincia de San Luis (Ley 5.613). Provincia de Santa Cruz (Ley 688). Provincia de Santa Fe (Ley 7.395). Provincia de Santiago del Estero (Ley 4.793). Provincia de Tucumán (Ley 3.656). Provincias de Entre Ríos y Tierra del Fuego. En síntesis. Protocolo de actuación para procedimientos de detención o aprehensión sin orden judicial. Cacheo y requisa personal. Principios que rigen los procedimientos de identificación (o por averiguación de antecedentes). Notificación de derechos. Procedimiento en la vía pública. Traslado de la persona a identificar. Requisa personal. Proyecto catamarqueño de reforma al art. 8 inc. “b” de la ley 4.663. Capítulo 6. Aprehensión sin orden judicial. Arresto. Incomunicación. Disposiciones legales que autorizan la aprehensión sin orden judicial. Ideas rectoras en cuanto a la aprehensión sin orden judicial. Aprehensión sin orden judicial por flagrancia. Flagrancia en sentido estricto. Cuasi-flagrancia. Flagrancia presunta. La denuncia/aviso en la vía pública, los llamados a las centrales telefónicas de emergencias y la necesidad de corroborar de oficio la información recibida. Aprehensión sin orden judicial por urgencia. Probabilidad positiva. Peligro procesal. Urgencia. Aprehensión sin orden judicial por fuga. La medida de arresto y la orden de no alejarse del lugar en el CPPBA. La incomunicación. Capítulo 7. Cacheo, registro personal e intervenciones corporales. Garantías constitucionales y persecución del delito. Medidas posibles sobre el cuerpo y las pertenencias. Cacheo preventivo: seguridad física. Requisa personal o vehicular: resguardo de evidencias. Intervención corporal. Derechos constitucionales vinculados a los cacheos, requisas e intervenciones corporales. Concepto de cacheo. Las pertenencias del sujeto pasivo en el procedimiento de cacheo. La identificación y el cacheo en personas que circulan en vehículos. Protocolo para la ejecución de un cacheo. El cacheo previo al ingreso a espacios de riesgo (espectáculos deportivos, etc.). Casos y ejemplos de cacheo. Concepto, naturaleza y objetivo de la requisa personal. La requisa en zonas o cavidades íntimas. La requisa de elementos continentes (bolsos) del detenido o de vehículos. Inalterabilidad de las evidencias. Conservación de la escena del procedimiento. Actuación de los peritos forenses. Transparencia del procedimiento. Procedimiento en flagrancia. Desnudos a detenidos. ¿Cómo debe realizarse una requisa corporal? ¿Cuál es el límite en este tipo de intervenciones? Situaciones de riesgo para la salud del detenido. Urgencia. Casos y ejemplos de registro personal. Concepto de intervención corporal. Capítulo 8. Requisa personal y registro de vehículos en operativos públicos de prevención. ¿Qué normas procesales se refieren a los operativos públicos de prevención? ¿Qué garantías constitucionales se encuentran en juego en el ámbito de los registros y requisas? El estándar probatorio en las requisas vehiculares. Normativa constitucional e infra-constitucional aplicable. ¿Cómo interpretar las disposiciones que regulan los “operativos públicos de prevención? Requisitos de validez de una intervención en un operativo público de prevención. Sospecha de delito. Individualidad del caso. Urgencia. ¿Qué alcance tienen los términos “inspección”, “revisión”, “requisa” y “registro”? Primera interpretación posible. Segunda interpretación posible. Tercera interpretación posible. ¿Cómo debe interpretarse la expresión “operativo público de prevención”? Justificación del operativo. Operativo por cuestiones de seguridad general. Operativo por una investigación en particular. Fundamentos objetivos del operativo. Finalidad y medidas posibles. ¿Cómo inciden los mecanismos tecnológicos de observación o detección sin intromisión? Doctrina de “a simple vista” (o plain view doctrine). Conclusiones. Capítulo 9. Allanamiento o registro domiciliario. La “inviolabilidad del domicilio” como garantía constitucional. Normativa constitucional aplicable. Concepto de domicilio. Concepto de allanamiento. ¿Quién puede ordenar un allanamiento? ¿Qué grado de convicción es necesario para autorizar un allanamiento? Lugares susceptibles de allanamiento. Determinación del lugar a allanarHorario de los registros domiciliarios. Dispensa horaria por consentimiento del morador o su representante (225 CPPN, 109 CPPCABA y 220 CPPBA). Dispensa horaria por tratarse de casos sumamente graves y urgentes (225 CPPN, 109 CPPCABA y 220 CPPBA). Dispensa horaria por peligro para el orden público (225 CPPN y 220 CPPBA). Forma de diligenciar los registros. Motivo del procedimiento. Encabezado del acta. Observación por el testigo previo al ingreso policial. Irrupción o simple ingreso. Neutralización de las personas. Ingreso del testigo de procedimiento. Reunión de todas las personas en un lugar común. Notificación y lectura de la orden judicial. Identificación de la totalidad de las personas presentes. Descripción del lugar: número de ambientes y la función de cada uno. Designación del funcionario encargado del registro. Preguntar al notificado si desea presenciar la búsqueda. Ejecución de la búsqueda. Hallazgos. Finalización. Fotos y filmaciones. Supuestos especiales: Propiedad horizontal y edificios. Automóviles dentro del domicilio. Secuestro de correspondencia. Los artículos 23 bis y 25 bis del CPPBA. El agotamiento de la diligencia de allanamiento y la imposibilidad de ingresar por segunda vez. ¿Cómo proceder si en el lugar fueran halladas dos o más viviendas hasta ese momento desconocidas? Capítulo 10. Allanamiento sin orden judicial. Normativa vigente. Disposiciones cerradas y taxativas para ingresar sin orden. Supuestos legales para prescindir de orden judicial. Análisis. Estragos. Indicios de delito por cometerse. Persecución. Imputado de delito. Persecución por un particular. Indicaciones de terceros. El registro del domicilio luego de una persecución. Voces que indican la comisión de un delito o reclaman auxilio. Víctimas privadas ilegalmente de libertad. ¿Pueden admitirse supuestos de necesidad distintos a los previstos en los códigos procesales? Supuestos de otras autorizaciones administrativas o contravencionales. Algunas “excusas” para ingresar sin orden judicial. El allanamiento fiscal del art. 59 inc. 1 del CPPBA. Otro supuesto de allanamiento “sin orden judicial”. La excepción a la orden judicial en los distintos códigos procesales. Capítulo 11. La validez del consentimiento para convalidar un registro domiciliario. Concepto y efecto jurídico del consentimiento. El consentimiento de quienes no se encuentran vinculados de ningún modo al imputado. ¿Qué regulan las constituciones y los códigos procesales? ¿Puede derivarse la validez del consentimiento de una interpretación constitucional? Doctrina que niega todo valor al consentimiento como excepción a la orden judicial. Doctrina que acepta la validez del consentimiento como excepción a la orden judicial. Presunta coacción psicológica inherente. El requisito de la urgencia. Consentimiento y allanamiento. Distinción entre el domicilio del imputado y otros domicilios. Protocolo de actuación en caso de consentimiento. Existencia de una investigación o indagación en curso. Imposibilidad de requerir la orden judicial (urgencia) e inexistencia de supuestos legales de ingreso sin orden judicial. Probabilidad positiva (a) sobre la comisión de un delito y (b) sobre la existencia en el domicilio de objetos de interés o la presencia del imputado cuya detención se procura. El ingreso debe tener un objeto determinado. ¿Quién puede consentir? Todo aquel que tuviera derecho de exclusión, fuera o no familiar. Puede consentir quien ha cumplido 18 años de edad. Puede consentir quien no presenta signos evidentes de incapacidad de comprensión. Presencia de testigos de actuación. Información previa al interesado. Inexistencia de orden judicial. Derecho de exclusión. Objeto del procedimiento. Posibles consecuencias. El consentimiento debe ser expreso. El consentimiento debe ser libre y voluntario. No puede inducirse a error al interesado. El consentimiento debe ser previo al ingreso. Formalidades. Otros aspectos de los ingresos consentidos. Presencia o comunicación con el abogado defensor. La ratificación del consentimiento en sede policial. La facultad policial de instar el consentimiento. Negativa a brindar el consentimiento. Evitar actuar en base a un consentimiento prematuro. Capítulo 12. Hallazgos casuales en el marco de un allanamiento. Supuestos legales de hallazgos casuales. Requisitos de validez de un hallazgo casual. El ingreso debe ser legítimo. Debe tratarse de un caso de urgencia. Debe existir probabilidad positiva de delito para proceder al secuestro. El “recorrido” debe limitarse al objeto del ingreso (conexión objetiva). El “recorrido” (iter) se agota cuando se cumple el objeto del ingreso. La doctrina de “a simple vista”. La diferencia entre observar y remover. Límites a la doctrina de los hallazgos “a simple vista”. ¿Cómo actuar cuándo no fuera posible o no estuviera legitimado un hallazgo casual? Audiencia normada por el art. 168 bis del CPP. Protocolo de flagrancia y ley 13.811. Fundamentos del protocolo. Protocolo de flagrancia diseñado por el grupo interdisciplinario. Procedimiento en la etapa de garantías. Procedimiento ante el juez de garantías. Procedimiento ante la Cámara de Apelación y Garantías. Procedimiento en la etapa de juicio. La Ley 13.811. Fundamentos. La Ley 13.811. Disposiciones generales. Procedimiento en la etapa de garantías. Principios generales. Procedimiento ante el juez de garantías. Procedimiento ante la Cámara de Apelación y Garantías. Procedimiento en la etapa de juicio. Estadísticas. Interconsulta sobre reforma al Código Procesal Penal. Propuestas en el ámbito latinoamericano. Propuestas para la Jurisdicción de Garantías. Objetivos. Litigación en sistema escrito. Litigación en sistema de audiencias. ¿Qué significa un sistema de audiencias en etapas anteriores al Juicio? Idea central: audiencia. Funciones de la audiencia. Componentes. Oralidad. Inmediación. Publicidad. Contradicción. Aspectos de dinámica. Extensión en el uso de audiencias. Conducción del debate y fallo en audiencias orales. El rol del juez en un sistema de audiencias. Decisión judicial. Propuestas de trabajo para el Ministerio Público Fiscal. Metodología. Datos de interés del proceso de flagrancia en Mar del Plata. Oralidad e inmediación como ejes del sistema. Fiscalía especializada. ORGANIZACIÓN INTERNA de la fiscalía. Mesa de entradas. Relaciones con la policía. Problemáticas posibles. Propuestas. Relaciones con la policía científica. Problemáticas posibles. Propuestas. Concentrar los actos iniciales en una única audiencia. Problemáticas posibles. Propuestas. Asistencia a las audiencias de los imputados en libertad. Problemáticas posibles. Propuestas. Aspectos de la defensa. LOS Tribunales de juicio. Problemáticas posibles. Propuestas. Propuestas de interés general. Breve programa de trabajo para el Ministerio Fiscal.